Por la ABOGADA ISABEL WINKELS ARCE
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La función de DETECTIVE PRIVADO se encuentra regulada en dos normas básicas, que han ido sufriendo ulteriores modificaciones y actualizaciones según la necesidad de concretar la regulación de esta actividad:

– LEY 23/1992 de 30 de julio, sobre seguridad privada

– REGLAMENTO que desarrolla dicha Ley, RD 2364/94

Establecen estas normas qué actividades pueden ser desarrolladas por los Detectives Privados de manera exclusiva y excluyente, que no pueden ser ejercidas por ninguna persona física o jurídica carente de la correspondiente habilitación, expedida por el Ministerio del Interior.

El artículo 1 de la LEY 23/92 DE 30 JULIO establece que:

1. Esta ley tiene por objeto regular la prestación por personas, físicas o jurídicas privadas, de servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.

2. A los efectos de esta ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza, los guardapescas marítimos y los detectives privados.

3. Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la Constitución y con sujeción a lo dispuesto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles.
4. Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados.

Una vez delimitado el ámbito de actuación, el artículo 2 obliga tanto a empresas de seguridad como a detectives privados a presentar cada año un informe sobre actividades al Ministerio del Interior, constituyendo una infracción muy grave su no presentación. Están obligados a llevar un Libro Registro, en el que conste el nombre del cliente y la actividad desarrollada para él. Dicho libro, que tendrá un formato obligatorio, deberá estar a disposición de las Fuerzas de Orden Público que ejerzan funciones de inspección.

Además, deben estar inscritos en un Registros especial situado en la Dirección General de la Policía, en el que, con el número de orden de inscripción, figurará su nombre y apellidos, domicilio social y, en su caso, detectives asociados o dependientes, habilitados de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos aplicables, y delegaciones o sucursales que de aquellos dependan, así como el nombre comercial que utilicen. La Dirección General de la Policía comunicará oportunamente estos datos al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente.

En concreto, las actuaciones que podrán llevar a cabo los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, son:
• a) Obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.

• b) La investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal.

• c) La vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

El reglamento precisa además que se considerarán conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.

Tampoco podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido.

Y en ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.

Por supuesto, los detectives están obligados a guardar riguroso secreto de las investigaciones que realicen y no podrán facilitar datos sobre éstas más que a las personas que se las encomienden y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.

¿Dónde está el límite en la actuación de los detectives privados? Además de en las normas antes citadas, la jurisprudencia se ha ido encargando de matizar este extremo. Por ejemplo, una detective privado que accedió al número y al saldo de la cuenta corriente de un investigado, fue condenada por la AP Barcelona, Sección 6ª, en sentencia de 10 de Marzo de 2006 por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al entender que: “No se discuten las facultades que la Ley de Seguridad Privada reconoce a los detectives privados, ni su profesionalidad ni el beneficio que su actividad pueda reportar en el esclarecimiento de la verdad, pero ni la citada norma les otorga facultades diferentes a las que pueda tener cualquier otro ciudadano, desde luego no les permite lo que les veda a otros, ni pueden equipararse sus funciones a las que realizan los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, ni mucho menos les autoriza a realizar conductas que han sido tipificadas como delito”.

En otra sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 2ª, en sentencia de 20 de Diciembre de 2006, anula el despido acordado de varios trabajadores, basado en la información suministrada por un detective camuflado como personal. Entiende el Tribunal que: “La utilización por parte de la empresa de un detective camuflado como personal para tener noticias permanentes respecto de todo tipo de conversaciones y conductas de los trabajadores en un ámbito que les es privado, trasgrede absolutamente la buena fe contractual y vulnera su derecho a la intimidad”.

Siempre dentro de los límites, es una prueba perfectamente legal y lícita, que puede ser altamente relevante en los procesos judiciales. De hecho, el Artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la admite expresamente como prueba documental en su punto 5º:

5º Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones.

CONCLUSIÓN: es una profesión completamente regulada, con límites legalmente establecidos a su actuación, sometida a estrictos controles por parte de las fuerzas de orden público y el Ministerio del Interior, y de libre acceso a aquellos ciudadanos que precisen acreditar hechos que de otra manera serían de difícil prueba, mediante encargos profesionales registrados en un Libro Registro, observando siempre no vulnerar el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen de los investigados y el secreto de las comunicaciones

Madrid, a 27 de enero de 2009.