Por la ABOGADA ISABEL WINKELS ARCE
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Por diversas circunstancias –enfermedad, vejez, accidente,…-, cualquier persona puede ver alterada o limitada su capacidad de obrar o de decidir. Estas situaciones pueden darse de manera temporal o definitiva, y afectar de forma total o parcial nuestras capacidades psíquicas o físicas. El Código Civil ha desarrollado una serie de procedimientos que regulan estas situaciones, ya que únicamente, mediante declaración judicial, y tras un proceso tramitado con todas las garantías, pueden acordarse la adpoción de medidas restrictivas de nuestra capacidad de obrar.

Estos procedimientos los podemos resumir en los siguientes.

A) La incapacitación.
B) La modificación de la incapacitación o reintegración de la capacidad.
C) El internamiento involuntario por trastorno psíquico
D) La declaración de prodigalidad

En todos ellos, es competente el Juez de 1ª Instancia del lugar de residencia del incapaz, sin que quepan sumisiones a otros tribunales. Las partes deberán ser representadas por abogado y procurador, y el Ministerio Fiscal será parte siempre.

A) INCAPACITACIÓN: El art. 200 del Código Civil mantiene que “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”.

¿Quién está legitimado para presentar esta demanda? La Ley de Enjuiciamiento Civil lo señala en su artículo 757: el propio incapaz, así como su conyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes y hermanos. Y amplía esta facultad a cualquier persona, autoridad o funcionario público, que tenga conocimiento de la concurrencia de alguna enfermedad o circunstancia determinante, para ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal a fin de que éste incóe el procedimiento correspondiente.

Obviamente, la legitimación pasiva recae en el propio incapaz, que puede comparecer en el proceso con su abogado y procurador. Si no lo hace, será defendido por el Fiscal, siempre y cuando no hubiera sido promotor del proceso. Si lo fue, se le nombrará un defensor judicial para que cuente con las máximas garantías.

El procedimiento es simple, y básicamente flexible: el Juez puede decidir que las audiencias se celebren a puerta cerrada, que las actuaciones sean reservadas, la práctica de pruebas se puede acordar en cualquier momento, con independencia del momento en el que se haya propuesto, el tribunal puede indagar sobre aquellos extremos que le parezcan dudosos con plena libertad, oyendo a parientes, al incapaz, y sin vincularse a la conformidad que pudieran manifestar las partes.

El Juez deberá siempre recabar un dictamen pericial médico, sin el cual no puede dictar ninguna resolución.

La sentencia deberá fijar los límites de la incapacitación, la necesidad de internamiento en su caso, el régimen de tutela o guarda, y la persona que deba asistir, representar y velar por el incapaz.

Esta sentencia se inscribirá siempre en el Registro Civil, y puede ser inscrita en cualquier otro registro a los efectos pertinentes.

Mediante el mismo procedimiento, y con las mismas exigencias legales, puede instarse por las personas interesadas que

B) REINTEGRACIÓN DE LA CAPACIDAD Y MODIFICACIÓN DEL ALCANCE DE LA INCAPACITACIÓN.
Como hemos señalado, la incapacitación no tiene por que ser definitiva; el artículo 761 de la LEC señala que “La sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida”

Es decir, las mismas personas legitimadas para instar la incapacitación, y quienes ejercieren cargo tutelar sobre él, pueden solicitar que ésta se deje totalmente sin efecto, o que se altere el alcance de la incapación previamente señalado.
El procedimiento es básicamente igual al de la incapacitación, y la sentencia deberá pronunciarse sobre si procede o no dejar sin efecto la incapacitación, o sobre si deben o no modificarse la extensión y los límites de ésta.
Esta nueva sentencia tendrá reflejo en los Registros dónde se inscribió la incapacitación anterior.

C) INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR TRASTORNO PSÍQUICO. Esta sensible medida está regulada en el artículo 763 de la LEC.

Su objetivo es acordar el internamiento de personas con trastornos psíquicos que no están en condiciones de decidirlo por sí mismas. Como regla general, antes de acordar este internamiento deberá requerirse la autorización judicial. Pero si por razones de urgencia esto no fuera posible, deberá informar al Juzgado en las 24 horas siguientes al internamiento.

Antes de acordar el internamiento, o de ratificar el ya efectuado, el Juez deberá oír al Fiscal, examinar por si mismo al afectado, a cualquier otra persona cuya comparecencia sea pertinente, y al facultativo designado por él.
Si en la resolución se acuerda el internamiento, debe expresar la obligación de los facultativos que atiendan al internado de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida. Estos informes se emitirán cada 6 meses, a no ser que el juez señale otro plazo inferior, debido a la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento. Una vez estudiados, el juez decide si mantiene o no el internamiento. Cuando los facultativos decidan que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo y lo comunicarán inmediatamente al juez competente.

D) DECLARACIÓN DE PRODIGALIDAD.
El Tribunal Supremo define pródigo como “conducta desarreglada de la persona que por modo habitual malgasta su patrimonio con ligereza, que lo pone en peligro injustificado en perjuicio de su familia”.

El objetivo de la declaración es limitar la capacidad de administración de su patrimonio del presunto pródigo. Cuando se detecte que concurre esta enfermedad, se debe plantear la petición de esta declaración cuanto antes, ya que tiene efectos únicamente a partir de la presentación de la demanda, ya que los actos del declarado pródigo anteriores a la demanda de prodigalidad no podrán ser atacados por esta causa. (artículo 297 del Código Civil).

Pueden instar esta declaración el cónyuge, los ascendientes y los descendientes. Y siempre el Ministerio Fiscal.

El procedimiento es igual de flexible y amplio que el de incapacitación.

La sentencia precisará qué actos no puede realizar el declarado pródigo sin el consentimiento de la persona que deba asistirle, y quien es esa persona. Se inscribe asimismo en los Registros pertinentes.

Madrid, a 20 de septiembre de 2007.