TEXTO ÍNTEGRO PACTO DE TOLEDO ACUERDO SOBRE CONSOLIDACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PACTO DE TOLEDO
ACUERDO SOBRE CONSOLIDACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El acuerdo alcanzado por CC.OO., UGT y el Gobierno del PP, recoge las distintas propuestas sindicales en sus puntos más fundamentales. Entre ellas la regulación por Ley del incremento anual de las pensiones con cláusula de garantía hasta el año 2000. Además no acepta la reducción de las cotizaciones sociales, que hubieran puesto en quiebra el sistema de la Seguridad Social, aspiración que pretendía conseguir la CEOE. Se retiran las medidas penalizadoras a la jubilación anticipada y las que endurecían el acceso a la pensión de invalidez. En definitiva, estamos ante un acuerdo positivo reflejo de los criterios establecidos por CC.OO. que impide el retroceso que suponían las medidas que planteaba el Gobierno. Este consenso impide la aplicación de medidasunilaterales, como ocurrió en la primera reforma del sistema de pensiones de 1985. Las partes firmantes del presente Acuerdo, en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que asumen y comparten, desean expresar su apoyo inequívoco a la consolidación y racionalización del Sistema de Protección Social, al tiempo que manifiestan que el mismo constituye parte esencial del modelo de sociedad e instrumento clave para la cohesión propia de un Estado social y democrático de Derecho. Desde las responsabilidades propias del Gobierno de la Nación y de las Organizaciones firmantes se considera preciso insistir en la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y adoptar aquellas medidas que hagan viables las prestaciones para quienes en el futuro cesen en la vida activa. Asimismo se tenderá a reforzar la contributividad y a mejorar las prestaciones insuficientes, según las posibilidades del Sistema, por razones de equidad. Asimismo se comprometen a, que en una perspectiva de futuro, el desarrollo del Sistema de Protección Social, globalmente considerado, mantenga y, si la evolución económica lo permite, mejore su actual participación en el Producto Interior Bruto, acercándonos a la media comunitaria. En el ámbito de aplicación del presente Acuerdo este compromiso se concreta especialmente en el reforzamiento y consolidación del Sistema Público de Pensiones. A tal fin se considera necesario que el proceso de separación de las fuentes de financiación del Sistema de Protección Social, que ha de producirse durante la vigencia del presente Acuerdo, se lleve a cabo de forma tal que permita contar con el montante de cotizaciones preciso para garantizar el equilibrio financiero, presente y futuro, mediante las oportunas medidas al respecto, que serán de aplicación gradual y compatibles con la competitividad de nuestra economía y el mantenimiento y creación de empleo. En coherencia con lo previsto en párrafo anterior el proceso de separación de las fuentes de financiación, incluirá, asimismo, tanto los aspectos financieros como los no financieros del Sistema de Seguridad Social. Las partes firmantes se comprometen a elevar el presente Acuerdo al Congreso de los Diputados para que los criterios expresados en el mismo puedan ser tenidos en cuenta por los distintos Grupos Parlamentarios a la hora de los desarrollos legislativos correspondientes. La prioridad que tienen tales materias y las repercusiones económicas y sociales de las soluciones que se adopten al respecto han aconsejado al Gobierno y a las Organizaciones firmantes concordar los siguientes criterios y planteamientos:

A) SEPARACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL.
La acción protectora en su modalidad universal se financiará mediante aportaciones del Estado, mientras que las prestaciones contributivas deberán ser financiadas básicamente con cargo a las cotizaciones de las personas obligadas, además del importe de las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga, así como los frutos, rentas, intereses y cualquier otro producto de los recursos patrimoniales de la Seguridad Social. A los efectos anteriores tienen naturaleza contributiva las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con las excepciones que luego se señalan; la totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y los gastos de gestión correspondientes a las prestaciones señaladas anteriormente así como los gastos de funcionamiento de los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-financiera y patrimonio. Dentro del Sistema de Protección Social tienen naturaleza no contributiva las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación y las prestaciones que se concedan en concepto de complementos a mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, así como las prestaciones familiares por hijos a cargo. Igualmente se estima preciso promover la modificación del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, de forma que se incorpore un mandato para que, de modo gradual, se separen las fuentes de financiación, poniendo como límite la Ley de Presupuestos para el año 2000. Durante este período transitorio se mantendrá la financiación parcial con cargo a cotizaciones, de las prestaciones y servicios de naturaleza no contributiva, en proporción decreciente y con el ritmo mas rápido que sea factible a tenor de la evolución económica, del empleo como factor determinante del nivel de ingresos y de las propias magnitudes del Sistema
de Seguridad Social.

B) COMPLEMENTOS A MÍNIMOS.
Las prestaciones complementarias de las pensiones contributivas, cuando éstas no alcancen la cuantía que en cada momento se fije como pensión mínima del Sistema, tendrán naturaleza no contributiva. Transcurridos cuatro años desde la firma del presente Acuerdo se analizará la ubicación de los complementos a mínimos dentro del sistema de financiación.

C) FONDO DE RESERVA.
Desde que se ponga en marcha el nuevo modelo de financiación al que se refiere el presente Acuerdo hasta la total separación de fuentes, como máximo en el año 2000, se irá dotando el Fondo de Reserva con los excedentes de cotizaciones sociales que puedan resultar de la liquidación de los Presupuestos de la Seguridad Social, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del Sistema. El ritmo de constitución del Fondo de Reserva será acomodado al de la separación de las fuentes de financiación. En el año 2000 se estimará la suficiencia del Fondo de Reserva en función de los correspondientes cálculos económicos y demográficos.

D) MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.
En función de lo previsto en el Pacto de Toledo en cuanto al acercamiento de la cotización a salarios reales, el Gobierno se compromete a que las modificaciones en la estructura de grupos de cotización sea gradual, durante la vigencia del presente Acuerdo, continuando así el proceso iniciado en 1990, y atemperándolo al estado en que se encuentre la separación de las fuentes de financiación del Sistema de la Seguridad Social. A tal fin se procurará que se produzca el menor impacto posible en los costes empresariales por razones de competitividad y de mantenimiento y de creación de empleo. Como complemento de ello también se acuerda que el tope máximo de cotización se incremente en función del IPC previsto, pero acompasando la evolución de su importe al tope de cobertura que, de modo estable, se establezca en su momento como máximo dentro del sistema público de pensiones. Para la fijación del tope de cobertura, al que se refiere el Pacto de Toledo, se tendrá en cuenta, en todo caso, el mantenimiento del equilibrio financiero, delimitándose así el nivel de renta de sustitución que como máximo puede alcanzarse por esta vía. Por otra parte y con el objetivo de favorecer con las garantías adecuadas de protección social y no discriminación en el acceso al mercado de trabajo a través de las modalidades no ordinarias de contratación, la Comisión Permanente en el plazo de un año promoverá las iniciativas normativas correspondientes, atendiendo en especial a los criterios de contributividad que en este mismo Acuerdo se contemplan.

E) INCAPACIDAD PERMANENTE.
La regulación de las pensiones de gran invalidez e incapacidad permanente absoluta se mantendrá como hasta ahora. El reconocimiento de las pensiones por incapacidad permanente en sus distintos grados se efectuará en función de una lista en la que se fije la graduación correspondiente, que será aprobada por vía reglamentaria previo informe del Consejo General del INSS. Esta medida tiene como finalidad introducir la necesaria seguridad jurídica, tanto para el Sistema de Seguridad Social como para los beneficiarios. Al tiempo de regularse la lista a la que se refiere el párrafo anterior, se determinará lo que proceda en cuanto a la normativa aplicable sobre prestación económica para la incapacidad permanente parcial. El reconocimiento y mantenimiento de las pensiones por incapacidad permanente deberán ser coherentes con el fin para el que fueron previstas, consistente en compensar la pérdida de rentas de trabajo por causa de la incapacidad sobrevenida. En el plazo de un año, la Comisión Permanente concluirá el estudio de las medidas y posibles desarrollos legislativos a adoptar en cuanto al régimen de incompatibilidades entre las pensiones por incapacidad permanente y la percepción de retribuciones por actividades laborales o profesionales. Para dicha regulación se tendrá presente el listado que se menciona en el presente apartado E). Con objeto de introducir la necesaria transparencia en la estructura de pensiones del Sistema de Seguridad Social, y para tener presente tendencias que se registran en el marco de la Unión Europea y en nuestro propio país, se considera conveniente modificar el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social para pasar a denominarse, a partir de los 65 años, la pensión por incapacidad permanente en pensión de jubilación. Con el fin de asegurar la adecuación de la prestación a la realidad de la situación de incapacidad permanente, se considera oportuno establecer programas especiales de actuación de los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVIS) respecto de aquellas modalidades de incapacidad, Regímenes y ámbitos geográficos, en los que se estime que pueda existir una evolución anómala respecto de las previsiones y estudios realizados al efecto.

F) CRITERIOS ORIENTADORES EN CUANTO A LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS.
A quienes se vean forzados a acceder a la situación de jubilación por razón de pérdida de empleo, por reestructuraciones o reconversiones sectoriales, por crisis de empresa o como consecuencia de la extinción del subsidio asistencial por desempleo se les mantendrán las actuales condiciones para esta prestación. Si la evolución del empleo o del Sistema Público de Pensiones así lo aconsejan, podrán adoptarse aquéllas medidas que resulten adecuadas para preservar el equilibrio financiero de la Seguridad Social; entre ellas, el establecimiento de cotizaciones específicas. En los supuestos a los que se refiere el párrafo primero de este apartado, por razones de contributividad, les será de aplicación un coeficiente reductor del 7% a partir de 40 años de cotización. De otra parte, se estima que, en función de las tendencias que se registran en la Unión Europea, es deseable favorecer la permanencia de los afiliados al Sistema de Seguridad Social como cotizantes. En consecuencia, es criterio de las partes firmantes que la Comisión Permanente en el plazo máximo de un año y con carácter preferente aborde el análisis y proponga las medidas más adecuadas para desincentivar las jubilaciones anticipadas de carácter voluntario y, conforme a la recomendación décima del Pacto de Toledo, aquellas medidas que sean positivas para el empleo.

G) REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS PENSIONES PARA MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LOS PENSIONISTAS.
Las partes firmantes del presente Acuerdo coinciden en que es preciso garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Para ello, legalmente es criterio de las partes que debe establecerse la revalorización automática de las pensiones en función del IPC previsto para cada año y, en consecuencia, aplicar, cuando proceda, la oportuna cláusula de revisión a ejercicio económico vencido en el supuesto de que el IPC previsto para dicho año fuese inferior al que efectivamente se haya producido. En todo caso, dicha cláusula se acomodará a lo previsto a la recomendación undécima del Pacto de Toledo, debiendo ser objeto de atento seguimiento los efectos que de su aplicación se sigan para el Sistema de Seguridad Social. En un plazo máximo de cuatro años se adoptarán, si procede, aquellas medidas legales que sean convenientes para asegurar el mantenimiento del equilibrio del Sistema, en atención a lo previsto en las recomendaciones novena y quince del Pacto de Toledo. Asimismo se garantizará la revalorización en función del IPC previsto para cada año respecto de la cuantía de la pensión mínima.

H) SISTEMAS COMPLEMENTARIOS.
Dentro de las políticas de protección social y en atención a lo señalado en la recomendación catorce del Pacto de Toledo, las partes firmantes valoran positivamente los sistemas voluntarios complementarios del Sistema público, tanto individuales como colectivos, en la medida que pueden contribuir a consolidar el modelo de protección social configurado en el artículo 41 de la Constitución. A tal fin es criterio de las partes que debe tenerse en cuenta el establecimiento de un régimen de garantías básicas y su regulación adecuada desde el punto de vista fiscal, con especial atención a los sistemas colectivos. También se tendrá en cuenta en esta regulación que aquellos sistemas constituyen una importante fuente de ahorro, tanto individual como colectivo. Se atemperará su tratamiento a las directrices marcadas por el Derecho Comunitario. El seguimiento y debido control se asegurará a los partícipes.

I) REGÍMENES ESPECIALES.
Las condiciones que disfrutan algunos Regímenes especiales rompen parcialmente el grado de solidaridad y la equidad dentro del Sistema de Seguridad Social, obligando al resto a un esfuerzo superior. En consecuencia, se considera necesario efectuar aquellos estudios y análisis que permitan evaluar las repercusiones que la aplicación de las recomendaciones correspondientes del Pacto de Toledo tendrían para ciertos colectivos, y proceder de manera gradual a aproximar sus cotizaciones y prestaciones de manera que converjan hacia los dos Regímenes de Trabajadores por Cuenta Propia y Cuenta Ajena a los que se refiere el citado Pacto y en los términos expresados en el mismo. Para la realización de los estudios y la preparación de las correspondientes medidas legislativas se tomará como horizonte la presente legislatura, encomendándose los mismos a la Comisión Permanente a la que se hace referencia en el presente Acuerdo. En dicha Comisión Permanente se examinarán asimismo a los oportunos efectos, las conclusiones que se alcancen en la Mesa de reforma del Plan de Empleo Rural (PER) en relación con el REASS.

J) OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA CONTRIBUTÍVIDAD Y SOLIDARIDAD DENTRO DEL SISTEMA.
Las partes asumen el criterio establecido en el Pacto de Toledo en relación con la potenciación del principio de contributividad y por ello se comprometen a buscar su incremento de forma progresiva, aumentando hasta quince el número de años utilizados para el cálculo de la pensión. Coincidiendo con el anterior objetivo, se considera conveniente modificar el porcentaje a aplicar a la base reguladora en función de los años acreditados como cotizados. El alcance de estos cambios debe ser modulado en función de la mejora en el funcionamiento del mercado de trabajo, afectado actualmente por una notable falta de estabilidad. En este sentido, y siguiendo el actual método de actualización de las bases, el incremento progresivo hasta alcanzar los 15 años para calcular la base reguladora, se aplicará de año en año hasta el 2001, valorándose entonces los efectos de esta medida y estableciéndose, en consecuencia, el ritmo de aplicación para los años restantes. Por otra parte, a efectos del período de carencia cualificada, en 1997 se exigirá tener cotizados dos años dentro de los últimos 10 y a partir de 1998 dos años dentro de los últimos 15. Asimismo las partes coinciden en la conveniencia de modificar el cálculo del porcentaje a aplicar a la base reguladora en función a los años de cotización acreditados, siendo necesario acomodar el ritmo y alcance de los cambios en función de la mejoría de la situación en el mercado de trabajo, afectado en la actualidad por la referida falta de estabilidad. Para ello el porcentaje a aplicar a los primeros 15 años equivaldrá a un 50%, incrementándose hasta un 80% y un 100% a los 25 y 35 años de cotización, respectivamente. El paso de los años cotizados dentro de cada tramo tendrá idéntico valor. De otro lado, a la vista de las estadísticas disponibles sobre cuantías de las prestaciones y su evolución en el pasado reciente, se puede afirmar que dentro del Sistema se mantienen deficiencias en cuanto al grado de solidaridad, en especial en el caso de la viudedad y orfandad, lo que, según el criterio de las partes, deberá traducirse en determinados cambios normativos orientados fundamentalmente a lo siguiente: a) Orfandad: ampliación de forma gradual del límite de edad para el percibo de las pensiones de orfandad, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, a 21 años, con excepción del supuesto en el que no sobreviva ninguno de los padres, en cuyo caso el límite será a los 23 años. Se llevarán a cabo aquéllas modificaciones legales que resulten precisas para asegurar a estos efectos la igualdad de derechos con independencia de cual sea la naturaleza legal de su filiación. b) Viudedad: incremento de las pensiones de viudedad en aquellos casos en los que ésta prestación constituya garantía de supervivencia, con atención al nivel de renta del beneficiario, y cargas familiares, con prioridad en las pensiones mínimas de viudedad de los menores de 60 años para equiparar su cuantía con las pensiones mínimas que el Sistema otorga a los viudos (as) mayores de 60 años, lo que se realizará de forma gradual en función de las disponibilidades económicas del Sistema de la Seguridad Social. Las medidas referidas en los epígrafes a) y b) precedentes tendrán completa aplicación en el año 2000. c) Maternidad: las partes consideran relevante introducir medidas en el ámbito de la protección social relativas a la natalidad, en razón a que el incremento de la misma comportaría efectos positivos para el propio Sistema de Seguridad Social. De esta manera continuaría el proceso iniciado mediante la Ley 42/1 994. La Comisión Permanente promoverá aquéllas iniciativas y medidas que favorezcan la consecución de los objetivos antes mencionados.

K) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DE LOS FIRMANTES DEL ACUERDO.
Sin perjuicio de lo previsto en la recomendación quince del Pacto de Toledo y de los cometidos que corresponden al Consejo General del INSS, se acuerda la constitución de una Comisión Permanente por parte de los firmantes del presente Acuerdo para el análisis y seguimiento de la evolución del Sistema. Dicha Comisión Permanente aprobará sus propios procedimientos y contará con aquellos medios que resulten precisos para el cumplimiento de la misión y fines que tiene encomendados. La Comisión Permanente se constituirá en el plazo máximo de un mes desde la firma del presente Acuerdo, extendiéndose sus funciones durante la vigencia del mismo. El Gobierno aportará a dicha Comisión Permanente periódicamente información sobre las principales magnitudes y datos de interés sobre la evolución del Sistema, así como sobre las previsiones y medidas a adoptar para la consolidación económica y buen funcionamiento de la Seguridad Social. A la vista de los informes y estudios aportados las partes firmantes podrán formular aquellas propuestas de iniciativas normativas que procedan para adecuar el Sistema de la Seguridad Social a la realidad socioeconómica. Asimismo, el Gobierno presentará una evaluación global en torno a las medidas y proyectos legislativos que tenga previsto remitir a las Cortes Generales. Las partes firmantes consideran muy positiva la constitución y funcionamiento de la Ponencia establecida en el Congreso de los Diputados en relación con el Pacto de Toledo, así como el compromiso del Gobierno de informar periódicamente a dicha Ponencia.

L) DURACIÓN DEL ACUERDO
El presente Acuerdo extenderá su vigencia hasta el año 2000. No obstante, este límite temporal no será de aplicación para aquellos supuestos o medidas para los que se establece específicamente un límite diferente.