A la "redefinición" de un sistema de valoración común se unirá el
próximo año un 'manual de buenas prácticas' en el que se explique con
mayor precisión cuáles son las condiciones para establecer los grados
de dependencia de los beneficiarios, según indicó Mazo, en una
entrevista concedida a Europa Press. "Todas ellas, son medidas que
van a permitir una mejora significativa del modelo de dependencia",
apostilló.

Según avanzó, los últimos datos indican que ya hay 900.000
personas valoradas, 670.000 tienen reconocido el derecho a una
prestación o servicio, de las que el 70 por ciento (470.000 personas)
están siendo atendidas. "Antes de que termine el año, dos de cada
tres dependientes serán atendidos y el resto estará en proceso de
asignación de la prestación", aseguró.

Frente a las críticas al Sistema de Atención a la Dependencia
(SAAD), el titular de Política Social defendió que, a día de hoy,
nueve de cada diez personas que han solicitado acogerse a la ley han
sido valoradas y que, cuando acabe 2009, la media de introducción de
dependientes en el sistema "será de 25.000 personas al mes". No
obstante, reconoció que "esto no le sirve a las personas que están
esperando las ayudas", para añadir, que "en eso hay que ser más
ágiles".

NI PREMIAR, NI CASTIGAR A LAS CC.AA.

Sobre los últimos informes elaborados por asociaciones, patronales
o sindicatos que alertan de las "distintas velocidades" que hay en la
aplicación de la norma por parte de las comunidades autónomas, y en
los que se asegura que algunas vulneran el sistema de financiación,
el secretario general dijo que espera que todos los gobiernos
autonómicos cumplan con la ley y alcancen el nivel que los
ciudadanos "esperan de todos ellos".

"A mi no me gusta hablar ni de castigar ni de premiar", aseveró
Mazo, que aseguró que "el ciudadano no entendería que las
administraciones públicas se dedicasen a discutir y no a resolver la
situación de dependencia de su familiar". En este sentido, dijo estar
"absolutamente convencido" de que el diálogo con las CC.AA. "dé
resultados" en 2010 y que todas ellas muestren "lealtad
institucional".

El responsable de Política Social descartó que el principal
obstáculo para el efectivo despliegue de la ley sea una posible
descoordinación autonómica. "La dificultad de un sistema de esta tipo
es que en tres años tienes que estar atendiendo a un millón y medio
de personas", aclaró.

LA MAYORA QUIEREN QUE SE LES CUIDE EN CASA En cuanto a que más de
50 por ciento de las prestaciones a los dependientes se trata de
ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar, el
secretario general de Política Social justificó que, aunque la ley lo
contempla como una excepción, son los propios ciudadanos los que
solicitan que se les atienda en casa, puesto que se trata de "una
tendencia natural que tiene que ver con componentes culturales y
sociales y con la forma de familia que hay en España".

Sobre las quejas de la Federación Empresarial de Asistencia a la
Dependencia (FED), que sostiene que desde la puesta en marcha de la
ley se han cerrado más de mil centros debido a que la mayoría de las
ayudas son para cuidados informales, Moza dijo que si bien "hay que
contemplar cada caso", a su juicio, "la Ley de Dependencia está
generando muchísimas plazas residenciales".

Así, explicó que el fondo extraordinario de 400 millones, que se
sumaron a los 1.550 para ejercicio 2009, han sido "absolutamente
necesarios" para que las comunidades autónomas lo invirtieran en la
creación de plazas residenciales. Asimismo, apuntó que los 17
millones acordados con la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) para incentivar estos servicios con capital
privado, han supuesto una demanda por parte de las comunidades
autónomas "cinco veces superior" a la esperada.