Congelando las pensiones y rebajando los salarios de los funcionarios, que no son solo los que calientan silla con cara de vinagre en ventanillas cara al público, sino también policías, guardias civiles, médicos, profesores, enfermeras o barrenderos, por ejemplo, el gobierno se ha orinado directamente en la Constitución, que en su artículo 35 dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo y “a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” y en el 50, que dice que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”. Que pretendan poner como disculpa que los políticos también se van a rebajar el sueldo un 15 por ciento, es una tontería, porque aunque lo hagan, ellos apenas lo van a notar teniendo en cuenta la pasta que se levantan cada mes, pero rebajárselo a policías, guardias civiles o médicos que dejan la piel por cuatro perras, es una indecencia, igual que meterle mano a las pensiones. Si querían ahorrarse 1.500 millones, podían haberlos quitado de otro sitio, de los 2.000 millones que tiene el gobierno para imprevistos y funciones no clasificadas, es decir para gastárselos en lo que les sale del moño, por ejemplo, o dejar de regalarles cientos de millones a los culturetas de la ceja, pero no; le congelan las paga a 5 millones de jubilados. Que se la congelen a un banquero o un político, que tienen planes privados y tanta pasta, que se pasan la pensión pública por el forro, no es lo mismo que congelársela a personas que cobran 400 o 500 euros, porque entre eso y la subida del IVA y el IPC, será como si se la rebajasen un 14 por ciento, con lo que muchos terminarán pobres como ratas y otros pasando hambre. Menudo talante.