MADRID (EUROPA PRESS) La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncia que "la descentralización de las competencias sanitarias ha producido el fenómeno del desarrollo desigual en la Atención Primaria de las distintas comunidades autónomas", según señaló en declaraciones a Europa Press su secretario, Manuel Martín García, en referencia a los datos del ‘Informe de Evaluación de la Atención Primaria en las comunidades autónomas’.

Por su parte, el Ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, reconoció  en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press que "los usuarios tienen razón cuando protestan por los retrasos en la atención y las desigualdades", y que "efectivamente es el Ministerio de Sanidad quien tiene que intervenir a través del Consejo Interterritorial de Salud". En este sentido, explicó que ya llevó este tema al consejo "y todas las comunidades autónomas han asegurado que en Atención Primaria están aplicando la estrategia que aprobamos por unanimidad, por la cual tenemos una serie de indicadores". En cualquier caso, aseguró que "si esto no es así el ministerio actuará por la calidad, la cohesión y la equidad, y para garantizar que llega a todos los ciudadanos independientemente de dónde vivan y dónde hayan nacido". El trabajo de la FADSP, que tiene como objetivo evaluar el desarrollo de la Atención Primaria (AP) y las desigualdades entre comunidades, muestra que "el desarrollo de la AP no ha sido todo lo intenso que era necesario", y, por este motivo, "existen desigualdades muy importantes que hacen que la calidad y la capacidad resolutiva sea muy desigual", añadió. No obstante, reconoció que en el último año ha habido importantes reformas, "como el establecimiento del modelo de equipos, mejoras en la financiación, y en la nacionalización del trabajo, con programas y planes de salud". Por otra parte, advirtió que existen datos tan importantes como el tiempo de espera del paciente, que "se sabe que ha aumentado sustancialmente", que no se han podido evaluar lo que, en su opinión, "es incompatible con un modelo de AP que garantice la accesibilidad y la puerta de entrada al sistema". En este sentido, "hay que mejorar el sistema de información que debe de ser homogéneo y más intenso de los que tenemos en la actualidad", sobre todo, porque "es relevante para conocer la accesibilidad de los ciudadanos y condiciona la calidad". El estudio ha evaluado diferentes indicadores como recursos humanos, materiales disponibles, gasto por habitante y presupuesto de sanitario destinado a la AP, servicios de apoyo, acceso apruebas diagnósticas y terapéuticas o cartera de servicios de la AP. Asimismo, para valorar el nivel de racionalidad y eficiencia se han observado las tasa de derivaciones al nivel especializado, el gasto farmacéutico extra hospitalario, y la utilización de medicamentos genéricos. En este caso para el secretario de la FADSP lo más destacable es que, pese a que "en España el gasto es muy elevado", hay unas amplias desigualdades en el gasto farmacéutico y grandes diferencias en el uso de los genéricos. Finalmente se valoró la calidad de AP, para ello se tuvo en cuenta la accesibilidad a las consultas, el desarrollo de actividades de investigación y docencia y la opinión sobre la asistencia recibida por los usuarios. "Sobre todo hay amplias diferencias en el desarrollo de los servicios y en la dotación de recursos, existen comunidades con una masificación importante de los cupos que determina la baja calidad y, en consecuencia, problemas en los ciudadanos", explicó al respecto. CONSERVADORES VS PROGRESISTAS. Aunque el objetivo del informe no es establecer un ranking de comunidades sino evaluar la diferencias entre comunidades, ha demostrado que "las desigualdades tienen mucho que ver con las ideologías de sus Gobiernos y su compromiso con la Atención Primaria". "Llama la atención que la Comunidad de Madrid, que es de las más ricas, tenga la mayor masificación, el número de personas por médico supera los 1.700 cuando hay comunidades que no llegan a 1.000; y en el gasto destinado a AP sea inferior al 12 por ciento, cuando la media está en 13 por ciento", explicó. Por contra, Martín García destaca el "desarrollo" que se esta realizando en comunidades como Galicia, Murcia o Cataluña, lo que significa que "las desigualdades no se justifican por motivos de morbilidad y de población, sino que responden más a problemas de voluntad y de ideología. Así el estudio demuestra que las comunidades autónomas de ideología progresista son "mucho mejores" que las conservadoras donde, según indicó Martín García, "dedican menos recursos, tienen más masificados, ponen limitaciones en el acceso a recursos diagnósticos, y parece que el desarrollo es peor, la calidad es peor y el grado de satisfacción de los ciudadanos es peor". Por otra parte, cabe destacar que, independientemente del signo político, la mayoría de los ciudadanos atendidos en AP estiman la atención recibida como buena o muy buena (85,36%), lo que discrepa con los resultados del resto de variables. En este sentido, desde la federación señalan que merece la pena destacar que pese a que se evidencia una gran la masificación en las consultas con una media de un médico cada 1.500 habitantes, la población se muestra satisfecha. NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA AP. Por este motivo solicitan estándares mínimos consensuados y obligatorios sobre médicos, recursos, sistema de apoyo a la AP, "para acabar con la desigualdad y garantizar compromisos de desarrollo homogéneos en todas las comunidades". Así como la necesidad de que existan instrumentos de participación que "el modelo actual no ha desarrollado pese a que aparecen en la Ley general de Sanidad aprobada en 1986". Y, finalmente, se refirió al Consejo Interterritorial y a la Estrategía21 como herramientas "clave", y afirmó que "deberían de desarrollarse con mayor intensidad", con el esfuerzo coordinado entre las distintas Administraciones Publicas y las entidades sociales y profesionales implicadas en la AP. Al mismo tiempo recomiendan establecer fuentes homogéneas y actualizadas de información sobre AP para poder valorar su funcionamiento. Una información que debería incluir datos de la demora en la citación de las consultas de AP, de las derivaciones a Atención Especializada y de las pruebas complementarias. Asimismo, solicitan que los registros estén desagregada por genero y nivel socioeconómico para analizar potenciales desigualdades no territoriales, y que se valoren teniendo en cuenta unos estándares y criterios mínimos sobre dotaciones de recursos que sirvan para asegurar una dotación suficiente de la AP a nivel estatal.