Artículo Publicado en El País

Ocho organizaciones vinculadas al sector de atención de las personas mayores presentamos ayer un manifiesto conjunto para denunciar el abandono por parte de la Administración. Patronales y sindicatos nos hemos unido para explicar la situación límite e inadmisible que sufren centros y servicios por la falta de recursos públicos, y proponemos varias medidas para dignificar el sector y dar la atención de calidad que los usuarios merecen.

No incrementar las tarifas compromete seriamente la calidad de los centros asistenciales y el bienestar de los mayores. La única respuesta ha sido un incremento del 3,56% del grado II (pactado hace dos años, supone un incremento del 1,63%) que no soluciona el desajuste entre ingresos y gastos, situado en el 10,62%. Dicho de otro modo y para ser más exactos: la tarifa de referencia de la Generalitat de Cataluña para residencias y centros de día es la misma que la del 2010 mientras que los costes han aumentado más de un 10%, una tendencia que si sigue acentuándose repercutirá directamente en la calidad del servicio.

Atender a las personas mayores no es únicamente una vocación; es voluntad de servicio, evidentemente, y al mismo tiempo es profesionalización y, por lo tanto, es calidad. Y para que exista calidad tiene que haber recursos. Materiales, humanos y económicos. Mejores tarifas y mejores políticas, concursos que no valoren tanto la oferta económica más ventajosa como la mejor relación calidad-precio y que tengan en cuenta que si no hay una actualización del IPC hay que regularizar los precios de forma periódica. Esto mantendría firme la calidad en unos centros donde las necesidades de los mayores crecen cada vez más porque la dependencia va en aumento en un contexto de sobre envejecimiento general en los países desarrollados. Incrementar las tarifas permitiría también aumentar los salarios de los trabajadores y satisfacer las carencias de perfiles profesionales donde la ratio fijada por la normativa es inferior a la necesidad real y, en consecuencia, no tener que dar un servicio low cost al que ya se ven obligadas algunas empresas y entidades.

Es necesaria una acción decidida por parte de la Administración para desbloquear esta situación. El sector, conviene recordarlo, somos todos: usuarios, familias, profesionales y empresarios. No podemos esperar a los próximos presupuestos y más en una situación política tan incierta como la actual. Hacerlo sería una irresponsabilidad con graves consecuencias.

Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA).