BARCELONA, (EUROPA PRESS) El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la Conselleria de Salud y al Instituto Catalán de la Salud (ICS) a indemnizar con 60.100 euros a la familia de un obrero que murió de un fallo cardíaco tras esperar durante 45 minutos a ser atendido en el ambulatorio de Vallbona d’Anoia (Barcelona).

Los hechos se remontan a 1999, cuando el fallecido estaba trabajando en una obra en la localidad. En un momento dado, el hombre empezó a sentirse mareado y a notar una presión en el pecho, por lo que decidió acudir al Centro de Atención Primaria (CAP) de Vallbona, ya que la noche anterior no había podido dormir a causa de un fuerte dolor en la espalda y sensación de ahogo. Una vez en el ambulatorio, el obrero explicó "enseguida" los síntomas que tenía –dolor en la espalda, presión en el pecho y sensación de mareo–, aunque la persona que le atendió se limitó a preguntarle "si era algo urgente y si podía esperar", según explica la sentencia del TSJC. El fallecido, que acudió al CAP junto a un compañero de trabajo, contestó que podía esperar a ser visitado por el médico y pasó a la sala de espera. Al cabo de 45 minutos, el hombre cayó desplomado sin conocimiento debido a una parada cardiorrespiratoria, por lo que los doctores sólo pudieron certificar su muerte. El Alto Tribunal catalán considera probado que el obrero explicó al personal del CAP los síntomas que padecía, tal y como constató el compañero de trabajo con el que fue al centro. Ello, "unido a la edad del fallecido, debió hacer reconocer la existencia de una cierta urgencia que no podía satisfacerse meramente con esperar a que hubiera un hueco en la programación" de las visitas, señala la sentencia. El TSJC entiende que "los medios empleados no fueron adecuados" ante la petición de asistencia sanitaria del fallecido, ya que, tal y como mantiene su familia, si no podía ser atendido de inmediato podía haber sido derivado a un hospital, "en lugar de ser remitido a la sala de espera donde falleció". El Alto Tribunal catalán, finalmente, ha decidido estimar en parte el recurso contencioso-administrativo presentado por los familiares de la víctima, pese a que la Conselleria de Salud y el ICS se opusieron a indemnizarles alegando que fue el propio fallecido quien dijo que "en aquel momento se encontraba bien y que podía esperar". Así, la viuda del fallecido recibirá 48.000 euros y sus dos hijos serán indemnizados con un total de 12.000 euros, cantidad que se verá incrementada con los intereses legales correspondientes desde 1999, cuando la familia reclamó por lo ocurrido.