MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El Ministerio de Sanidad y Consumo ha remitido a la Comisión Europea un informe en el que defiende «firmemente» el sistema español de farmacia por «el elevado nivel de protección de la salud pública que ofrece, los excelentes resultados en cobertura, la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios», según puso de manifiesto hoy la directora general de Farmacia, María Teresa Pagés, en la reunión de la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial. Este informe, en contestación a un dictamen de la Comisión Europea motivado relativo a presuntas restricciones a la libre competencia de la normativa española reguladora de las oficinas de farmacia, alude al «vínculo especial» entre las autoridades sanitarias y el colectivo de farmacéuticos y al nivel de cobertura de las oficinas de farmacia, uno de los más elevados de Europa, entre otras cuestiones.

En concreto, el escrito de Sanidad destaca que la proporcionalidad y adecuación del sistema español viene avalado por los «excelentes resultados» en materia de cobertura y calidad del servicio. Además, el 99% de la población española dispone de una oficina de farmacia en su lugar de residencia, ya sea en medio urbano o rural, siendo la ratio media de habitantes por farmacia únicamente superada por Grecia y Bélgica en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, el documento considera que la Comisión no acredita que la norma española vulnere el derecho comunitario en aspectos relacionados con el régimen de planificación territorial y de propiedad y acumulación de farmacias. En sentido, mantiene que la legislación española respeta plenamente el derecho de los profesionales de otros Estados miembros a establecerse en España en las mismas condiciones que los españoles, según informó hoy el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

También precisa que el régimen de propiedad y acumulación de farmacias de la norma española compatibiliza el derecho de los Estados a determinar ese régimen de propiedad de las oficinas de farmacia en sus territorios, reconocido por el artículo 295 del Tratado de la CE, sin que se desprenda ningún tipo de restricción contraria al Tratado comunitario. Finalmente, el informe acredita que el régimen de propiedad y acumulación de farmacias en vigor sólo entraña limitaciones inherentes al ejercicio del derecho del Estado español a intervenir en las empresas que tienen encomendadas misiones de interés público.